columna periódico la campana mayo 2007

La Crisis de la Población en Desplazamiento

Son más de diecisiete mil personas que viven en situación de desplazamiento en Popayán, bien sea donde unos familiares, unos amigos o arrendando una casa, si no es que una pieza. Son más de cuatro mil hogares que han sufrido una ruptura dramática con sus proyectos de vida, con sus lugares de origen y con las oportunidades que habían vislumbrado para ellos mismos. Y el fenómeno no se reduce. A pesar de los operativos que en seguridad se desarrollan, parece desconocerse en su totalidad la situación de los lugares donde se presenta el conflicto armado, que a su vez son expulsores de esta población, como por ejemplo en los municipios de El Tambo y Corinto.

Llama la atención de manera especial que ante semejante emergencia humanitaria que vivimos en esta ciudad y en este departamento, la complejidad y magnitud de este fenómeno contrasta visiblemente con la simpleza y ligereza con que es tratado por los gobernantes, por la alcaldía y la gobernación para ser más precisos. Sin embargo, la falta de una agenda interna que haga explícitas las corresponsabilidades entre los gobernantes, las entidades del estado, la población desplazada y la ciudadanía no es una carencia exclusiva de nuestros gobernantes y de nuestro territorio. Es más bien la norma que la excepción en el país. Pero vale la pena hacer evidente las faltas existentes de un norte conceptual, de una definición clave de estrategias y de una operación rigurosa, fielmente controlada y vigilada por los invidentes organismos de control. Pero si bien hay labores significativas en asistencia humanitaria, donde “se hace lo que se puede”, cobertura en educación formal para niños y niñas, y atención primaria en salud, otras situaciones no son muy prometedoras, tales como; la cobertura total de la asistencia humanitaria, la educación para jóvenes y adultos, la asistencia en salud a largo plazo, las opciones de vivienda y el restablecimiento de los bienes perdidos, como por ejemplo, la recuperación o intercambio de tierras abandonadas a la fuerza.

Pero uno se pregunta, por qué a pesar del paso de los años no mejora la asistencia y la ayuda para la población desplazada. Pues basta con darse una pasada por la alcaldía y por la gobernación para ver que los comités de atención, asistencia y prevención del desplazamiento son casi inoperantes. Pero culpar a los empleados responsables de los mismos sería un tanto ligero, aunque en algunos casos tal vez necesario. El problema es de fondo. Si el Plan de Desarrollo Nacional se termina convirtiendo en una piñata de contratos improvisados sin ninguna definición de prioridades y sin estudios rigurosos, así mismo las iniciativas del gobierno nacional y el cumplimiento que hacen las entidades del estado a las exigencias de la corte constitucional para la atención a la población desplazada, pueden estar sufriendo de lo mismo. La labores de entidades como Acción Social, Bienestar Familiar, Incoder, El Sena, o programas sueltos como Familias en Acción y La Banca de las Oportunidades, han terminado por ser labores insuficientes y mediocres, que lo único que las mantiene y da sentido son las acciones de cumplimiento que exige el gobierno central, el cual no está desarrollando la centralización previa requerida para definir paulatinamente los criterios de descentralización, por el simple hecho que las labores del gobierno central poco ejemplo están dando realmente. Y cabe resaltar que estos programas de atención pueden estar en alto riesgo de estar satisfaciendo, más que las necesidades de la población desplazada, los apetitos clientelistas de quienes nos dicen que todo está bien, que los programas andan de maravilla.