Columna Periódico la Campana Agosto de 2007
Réditos Políticos
En la pasada semana algunos analistas de temas de actualidad hicieron algunas observaciones sobre la política social que desarrolla el gobierno. Las dudas e inquietudes que expresaron versan sobre dos simples preguntas. ¿Son las ejecuciones de estos programas suficientes para generar verdaderas condiciones de desarrollo social y de generación de capital humano? Y la segunda inquietud se deriva de la primera; ¿Son justificables los altos costos de esta política? Teniendo además presente que los recursos del ICBF y del Sena surgen de los parafiscales, que según los mismos expertos podrían contribuir al ambiente presentado en las empresas de desestimación de inversión en la contratación de empleados, y que los recursos destinados para Acción Social en el presente año involucran una alta suma destinada en el Plan de Desarrollo Nacional.
La política social gira en torno a las labores desempeñadas por el Programa Presidencial para la Acción Social. Este se ha encargado básicamente de subsidiar la nutrición, la salud y la educación en un porcentaje de la población más vulnerable. La idea, desde un comienzo, ha sido la de dar dinero en efectivo a las familias para que puedan comprar comida, darle estudio a sus hijos y a su vez brindarles subsidios en salud, educación y vivienda que faciliten su subsistencia. Según el Presidente Uribe la asignación mensual de $100.000 pesos a cada familia resuelve los problemas sociales relacionados con la pobreza, dinamiza la economía porque vuelve compradores potenciales a estas personas y genera mayor demanda del sector comercial. Sin embargo el economista decano de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, afirma algo distinto. Según él los beneficios de estas medidas realmente son inciertos. La economía de estas familias subsidiadas tendería peligrosamente a depender de manera exclusiva de la informalidad porque el rebusque se convertiría en la opción más racional de supervivencia para quienes desarrollan actividades económicas no formales, subsidiadas indirectamente por el gobierno, y que a su vez, mantienen las actividades informales de las otras familias subsidiadas. Es así como esta circunstancia podría estar fortaleciendo el círculo vicioso de la pobreza, y lejos de romperlo y generar condiciones de formalidad y seguridad en la supervivencia de las familias, podría estar es alimentando más esta espiral de pobreza y manteniendo atadas a las personas vulnerables a unas mínimas condiciones de movilidad social. En respuesta a estas observaciones el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, ha hecho énfasis en que la mayoría de los programas adelantados por el gobierno no son asistencialistas, aunque reconoce las dificultades que existen en monitoreo y evaluación del impacto de los mismos programas. Insiste en que los programas de ampliación de cobertura estudiantil, de nutrición, subsidio en salud y vivienda son garantes de la formación del capital social. Sin embargo, como afirma A. Gaviria, las ejecuciones de estos programas han sido relacionadas con la imagen del presidente, aspecto que en otros países es considerado como clientelista debido a que las personas pueden llegar a pensar que estos beneficios sólo pueden ser posibles con Uribe de presidente. Además, existen dudas incuestionables al efecto de estas labores en materia social porque ha sido demostrado previamente que el asistencialismo puede llegar a desincentivar la formación de capital social porque crea una disyuntiva entre los intereses personales y los colectivos. Pero en este momento vemos que el mensaje para la población vulnerable es “apoyen al presidente y serán premiados con casa, carro y beca”. Sin embargo, esta ligereza en materia social pareciera ser inadvertida por el gobierno, el cual insiste en estar obrando de la manera más profesional posible. Tal vez la seguridad de estas afirmaciones se deba a que estas medidas brindan más réditos políticos que sociales. Y tal vez los problemas en falta de monitoreo y evaluación de impacto comentados por el ministro se deban a los efectos distorsionantes del trasfondo político de estas medidas.
En la pasada semana algunos analistas de temas de actualidad hicieron algunas observaciones sobre la política social que desarrolla el gobierno. Las dudas e inquietudes que expresaron versan sobre dos simples preguntas. ¿Son las ejecuciones de estos programas suficientes para generar verdaderas condiciones de desarrollo social y de generación de capital humano? Y la segunda inquietud se deriva de la primera; ¿Son justificables los altos costos de esta política? Teniendo además presente que los recursos del ICBF y del Sena surgen de los parafiscales, que según los mismos expertos podrían contribuir al ambiente presentado en las empresas de desestimación de inversión en la contratación de empleados, y que los recursos destinados para Acción Social en el presente año involucran una alta suma destinada en el Plan de Desarrollo Nacional.
La política social gira en torno a las labores desempeñadas por el Programa Presidencial para la Acción Social. Este se ha encargado básicamente de subsidiar la nutrición, la salud y la educación en un porcentaje de la población más vulnerable. La idea, desde un comienzo, ha sido la de dar dinero en efectivo a las familias para que puedan comprar comida, darle estudio a sus hijos y a su vez brindarles subsidios en salud, educación y vivienda que faciliten su subsistencia. Según el Presidente Uribe la asignación mensual de $100.000 pesos a cada familia resuelve los problemas sociales relacionados con la pobreza, dinamiza la economía porque vuelve compradores potenciales a estas personas y genera mayor demanda del sector comercial. Sin embargo el economista decano de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, afirma algo distinto. Según él los beneficios de estas medidas realmente son inciertos. La economía de estas familias subsidiadas tendería peligrosamente a depender de manera exclusiva de la informalidad porque el rebusque se convertiría en la opción más racional de supervivencia para quienes desarrollan actividades económicas no formales, subsidiadas indirectamente por el gobierno, y que a su vez, mantienen las actividades informales de las otras familias subsidiadas. Es así como esta circunstancia podría estar fortaleciendo el círculo vicioso de la pobreza, y lejos de romperlo y generar condiciones de formalidad y seguridad en la supervivencia de las familias, podría estar es alimentando más esta espiral de pobreza y manteniendo atadas a las personas vulnerables a unas mínimas condiciones de movilidad social. En respuesta a estas observaciones el Ministro de la Protección Social, Diego Palacio, ha hecho énfasis en que la mayoría de los programas adelantados por el gobierno no son asistencialistas, aunque reconoce las dificultades que existen en monitoreo y evaluación del impacto de los mismos programas. Insiste en que los programas de ampliación de cobertura estudiantil, de nutrición, subsidio en salud y vivienda son garantes de la formación del capital social. Sin embargo, como afirma A. Gaviria, las ejecuciones de estos programas han sido relacionadas con la imagen del presidente, aspecto que en otros países es considerado como clientelista debido a que las personas pueden llegar a pensar que estos beneficios sólo pueden ser posibles con Uribe de presidente. Además, existen dudas incuestionables al efecto de estas labores en materia social porque ha sido demostrado previamente que el asistencialismo puede llegar a desincentivar la formación de capital social porque crea una disyuntiva entre los intereses personales y los colectivos. Pero en este momento vemos que el mensaje para la población vulnerable es “apoyen al presidente y serán premiados con casa, carro y beca”. Sin embargo, esta ligereza en materia social pareciera ser inadvertida por el gobierno, el cual insiste en estar obrando de la manera más profesional posible. Tal vez la seguridad de estas afirmaciones se deba a que estas medidas brindan más réditos políticos que sociales. Y tal vez los problemas en falta de monitoreo y evaluación de impacto comentados por el ministro se deban a los efectos distorsionantes del trasfondo político de estas medidas.
Comentarios
Con respecto al tema de los programas del gobierno (la parte de la politización y su lado más mediático que social), creo que coincido con tu opinión y con la de Alejandro.
Estos programas pueden servir solo en un mundo utópico donde los políticos se dediquen a formular políticas y no al clientelismo. Que el manejo fuera totalmente técnico y blindado de politiquería. También, las personas beneficiadas (he aquí una verdadera muestra del más sincero "wishful thinking") renuncien a estos programas cuando ya no los necesitan. Eso sólo sería posible en el mundo moralista de los Republicanos de EEUU y de Adam Smith.
Por ahora, en nuestra bella patria (o en cualquier lugar del mundo), y por la propia naturaleza humana, seguiremos siendo "inmorales" y este tipo de programas, con manejos necios, terminarán en lo que actualmente estamos viendo.
Lo que yo apoyaría, es una nueva ola de reformismo, que contemple con especial énfasis el costo del empleo frente al capital y la maquinaria. Si creamos empleo para las mayorías y atraemos inversión extranjera más productiva socialmente, estos programas podrán pasar a un plano menos relevante. Los recursos se podrían usar para fortalecer la capacitación de las personas que no tuvieron la posibilidad de ingresar al mercado laboral.
Nuestro problema, que seugirá por los próximos tres años, es que el gobierno se está focalizando en asistir a los desampardos, y no en formular políticas que incetiven a crear empleo formal, que además de ser positivo en el autoestima de las personas y les asegura una vejez más digna, significaría que el gobierno podría cerrar el creciente hueco fiscal.
Y la próxima columna?.
Saludos,
Luis F