Uribe y Familias en Acción

La defensa que hace el gobierno de programas sociales como Familias en Acción puede llegar a ser cautivadora para quien escucha a Uribe en los consejos comunitarios o en los discursos televisados afirmar cosas como “a los pobres no se les puede cobrar por la crisis que estamos viviendo” y que por eso “hay que continuar dando recursos a la asistencia a los pobres”. Como quien dice, según Uribe, es preferible mayor gasto público y mayor deuda a “mayor pobreza”. El presidente, en la defensa de su férrea posición, tan aplaudida como vehemente, también ha dicho cosas como “no vamos a dejar que nos acomplejen los economistas”. En fin, según Uribe, el mandato popular que él representa puede desestimar fácilmente los argumentos de la buena economía e impulsarse por el ímpetu de su propia determinación, de su propio empuje, un empuje tan aplaudido como generador de incertidumbres y de políticas que incentivan el gasto mal direccionado y los efectos no previstos a largo plazo.
Según Alejandro Gaviria, decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes e investigador en temas sociales y económicos, estudios recientes demuestran que el programa tiene en zonas urbanas efectos marginales sobre la asistencia escolar (los niños dejan de asistir al colegio en familias subsidiadas), efectos nulos sobre la nutrición (los hijos de familias subsidiadas no están mejor nutridos que aquellos de familias no subsidiadas) y además tiene efectos nulos sobre el peso al nacer (los bebes recién nacidos de familias que reciben los subsidios tienen bajos pesos al nacer).
A pesar de estas observaciones, el gobierno destina recursos al programa como si fuera exitoso, y lo defiende, con cierto cinismo, como un imperativo moral ante la pobreza. Cabe entonces preguntar, si ese tipo de afirmaciones y este tipo de políticas no son parte del problema. Si la desestimación casi vehemente que hace Uribe sobre los efectos del programa no es un factor más dentro del eslabón de la cadena interminable e imparable de la pobreza. Cabe preguntarse, qué es realmente hacer buenas políticas para frenar la pobreza. ¿Son las que defiende Uribe? ¿Son las de este gobierno? ¿Está este gobierno generando soluciones prácticas para incentivar el capital humano y la regulación de políticas modernas y progresistas?
Para Uribe presenta todo esto como un problema moral. A sus copartidarios y co-gobernantes les insiste que es un problema de agenda política. Y a los economistas y expertos les insiste que es un problema moral. Es evidente que Uribe sigue apostándole más a la política que al progreso, más a conservar estructuras burocráticas que a desarrollar una agenda efectiva. Nada raro que el tema de la violencia y la seguridad siga siendo el territorio común entre Uribe y sus interlocutores. Nada raro que Uribe esté tan alejado, no solo de los posibles cambios que se pueden dar en su propio gobierno, sino de los que se están dando en el gobierno de Estados Unidos.